En el BOE 21-11-12 se publica la controvertida Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses.
También afecta al ámbito laboral, estableciendo e incrementando notablemente las tasas para el acceso a los recursos en la jurisdicción social. Se pone en cuestión el principio de justicia gratuita y el derecho a la tutela judicial efectiva tal como los conocemos.
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